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Acumulando para la corona
Un préstamo de 2 millones de dólares a una empresa salteña de chacinados pone en evidencia el modus operandi del Foro Batllista, que no muestra ningún escrúpulo en utilizar los dineros públicos y los cargos políticos para beneficio electoral, sectorial y personal.
Aún vibraban los ecos del discurso pronunciado ante la Asamblea General (un discurso que por un lado prometía un nuevo estilo de relacionamiento entre grupos políticos, y por otro adelantaba una determinación inquebrantable, insobornable, respecto de la corrupción), de modo que forzosamente hay que atribuir al presidente Jorge Batlle una ignorancia sobre los entretelones de la historia que lo había convocado a Salto, el viernes 12 de abril, para la inauguración de una planta de chacinados.
Batlle no era inocente, por cierto, respecto de uno de los objetivos de esa visita y de la ceremonia de inauguración (corte de cintas, música, revuelo de visitantes, abrazos y palmadas en la espalda, brindis y asedio periodístico) justo a un mes de las elecciones municipales del domingo 14 de mayo: arrimar agua para el molino del candidato a intendente por el Partido Colorado. Si la segunda vuelta, en noviembre anterior, había revertido buena parte del sofocón provocado por la primera vuelta de octubre, no había que dormirse en los laureles en las municipales, elecciones que no se beneficiaban de la gran alianza. El candidato Eduardo Malaquina, elegido senador, no tenía un programa muy elaborado para ofrecer, por lo que desplegaba la imaginación y prometía trabajo para todos cuando construyera aeropuertos internacionales, puentes binacionales de última generación, emprendimientos agroindustriales y el mercado del Mercosur para los chorizos salteños. Por eso Malaquina aparecía en todas las fotos, sonreía ante todas las cámaras de video y se multiplicaba omnipresente, adherido como estampilla a Jorge Batlle.
El presidente recorrió las instalaciones de la planta de elaboración de chacinados, en Cuatro Bocas, a la entrada de la capital departamental, con delantal y gorro blanco, y escuchó atentamente las palabras de la señora Mirtha Cincunegui de Venturini, quien atribuyó los 32 años de presencia de los productos Fénix en el mercado salteño al esfuerzo familiar. Todos asentían: el intendente Manuel Barreiro, el diputado Bertolini, el senador Malaquina, y la flamante vicepresidenta del Banco República, Milka Barbato.
Decididamente el presidente no era inocente: su antecesor Julio María Sanguinetti había resuelto, a fines de 1999, calificar el emprendimiento de la fábrica de chacinados como de interés nacional, y el propio Batlle había aceptado postergar la inauguración de la planta, prevista inicialmente para el 25 de febrero, a los efectos de obtener algún rédito en la campaña electoral. Pero seguramente fue manipulado porque tenía mucho que perder asociándose a un escándalo financiero.
La contadora Milka Barbato había dicho a la prensa salteña que “conocía el proyecto de Fénix y de la familia Venturini, apoyamos la idea en la Corporación para el Desarrollo y ahora vemos con alegría y satisfacción que esta industria importante para Salto y el país se concreta y comienza un camino de realizaciones y desarrollo que seguiremos apoyando”. Lo que le ocultó al presidente Batlle era que hacía por lo menos seis meses que el préstamo concedido a la firma Tilvenor,- fabricante de los productos Fénix- préstamo que justificaba esa fiesta de inauguración, estaba vencido; que nunca se había pagado ni una sola amortización ni intereses; y que los Venturini, padre, madre y cuatro hijos, estaban calificados como deudores morosos. La contadora Barbato conocía al detalle la historia porque ella misma había gestionado el préstamo de 2 millones de dólares, en condiciones que virtualmente preanunciaban su determinación de no pagar. Nada de eso sabía el presidente, que aceptó disfrazarse con gorro y delantal, para un show a exclusivo beneficio del Foro Batllista.
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EL ESLABÓN MORCILLA. ¿Cuántos embutidos deberán venderse por año para amortizar una deuda de 2 millones de dólares que cada seis meses se incrementa con un interés sobre el saldo, fijado en tasa Libor más cinco puntos, y que debe quedar cancelada en cinco años? Es posible que no alcance la demanda nacional de chorizos y morcillas, ni aun en régimen de monopolio. Como dice la propia contadora Barbato, habrá que “allanar muchas de las dificultades que enfrentan los pequeños empresarios cuando plantean necesidades crediticias” (entrevista en diario Cambio de Salto, 18 de abril de 2000). Y por cierto que ella allanó el camino para que Tilvenor sa pudiera satisfacer sus “necesidades crediticias”.
Desde la Corporación para el Desarrollo, por octubre de 1998, la contadora Barbato se interesó personalmente por el proyecto Fénix. La Corporación era la propietaria, por aquel entonces, de dos bancos gestionados, el Pan de Azúcar y La Caja Obrera; pero el Pan de Azúcar, que oficiaba como agente financiero de los emprendimientos de la Corporación, estaba a punto de ser fusionado con el Banco de Crédito, en una nueva operación de salvataje, de modo que la señora Barbato acudió a La Caja Obrera. El planteo llegó al directorio y, a regañadientes, su presidente, Eduardo Rocca Couture, solicitó la aprobación de aquella línea de crédito para Tilvenor sa. Las dudas eran imensas porque, en las condiciones del país y del entorno regional, cualquier empresa dispuesta a endeudarse en nada menos que 2 millones de dólares debía contar con un volumen de negocios y un movimiento comercial considerable para enfrentar la amortización; cabía la duda de que una fábrica de chacinados, que ni siquiera tenía una presencia nacional, pudiera cubrir los requisitos. Pero el proyecto de Tilvenor estaba aparentemente respaldado por la Corporación para el Desarrollo, aunque ello no dice mucho dado que los criterios de funcionamiento y la eficiencia de la gestión en esa repartición estatal son un absoluto secreto, desde que sistemáticamente la Corporación ha impedido la supervisión del Tribunal de Cuentas; no se sabe quién controla a la Corporación.
El 29 de diciembre el directorio de La Caja Obrera aprobó un préstamo de 2 millones de dólares bajo condiciones severas: para un tramo de 1.200.000 dólares se fijó un plazo de cinco años, con una tasa Libor a 180 días más cinco puntos, más Imaba; y para el tramo de 800.000 dólares, el mismo interés pero con un plazo de tres años. La tasa de intereses trepaba a 11,50 y ello significaba que en el primer vencimiento semestral los deudores debían pagar, sólo por concepto de intereses, 126.000 dólares, sin mencionar la amortización del capital. Las prevenciones de los servicios técnicos del banco de alguna manera quedaron confirmadas cuando al finalizar julio de 1999 la deuda de Tilvenor quedaba calificada como morosa, y así sigue, sin haberse pagado absolutamente nada, al cumplirse dos años del otorgamiento del préstamo.
La conducta de los deudores -Héctor Venturini, Mirtha Cincunegui, Carlos Venturini, Alberto Venturini, Mario Venturini y José Venturini- revela que o bien se equivocaron de medio a medio en sus cálculos, o bien nunca hubo intención de pagar. De todas maneras, previendo el riesgo, el banco La Caja Obrera reclamó garantías reales para asegurar el cobro. La familia Venturini, además de sus firmas personales, ofreció cuatro bienes, cuatro predios, entre ellos uno que contiene la antigua planta embotelladora de Coca Cola, en Cuatro Bocas. La tasación correspondiente de los bienes sumó 4.547.000 dólares, y un cálculo de su valor en remate, en caso de venta forzada, cubría 3.637.760, con lo que el préstamo, en principio, podía eventualmente rescatarse; pero, como se detalla en crónica aparte, el directorio de La Caja Obrera aceptó una tasación que sobrevaluó la garantía. La sobrevaluación y el no pago de los vecimientos sugieren una premeditación.
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