logotipo

La Independencia de México y su impacto en Campeche

Antecedentes

Durante el siglo XVIII Campeche había solicitado a la Corona Española un Consulado de Comercio propio, pues estaba sometido al Consulado de México. La función del Consulado era representar a los comerciantes de su jurisdicción ante las instancias legales y la Corona. En las primeras solicitudes que se hicieron, en 1799, 1803 y 1809, no existió la participación del sector comercial yucateco, aunque tampoco hubo una oposición por parte de quienes la conformaban y se mantuvieron a la expectativa.

Existió fuerte oposición por el Consulado de México y el Consulado de Veracruz (recién abierto por cédula Real) pues se veían disminuidos sus intereses. Hasta 1791, lo único que los comerciantes campechanos habían logrado para unificarse, había sido la formación de una Diputación de Comercio que, similar a la de Mérida, debía ser siempre sancionada por el Consulado de México.

Sin embargo, esta situación habría de cambiar radicalmente por los sucesos políticos que conmocionaron a la Nueva España, a principios del siglo XIX. España había sido invadida por el ejército francés de Napoleón, quien impuso como rey de la Península Ibérica, a su hermano José Bonaparte, en sustitución de Fernando VII.

En la Nueva España, el 16 de septiembre de 1810, se inició el movimiento de independencia por el ejército insurgente dirigido por Miguel Hidalgo. Sin embargo, en él participaron diversos sectores de la población defendiendo distintos objetivos e intereses. Un grupo pugnaba por la salida de los franceses de la metrópoli y la vuelta de Fernando VII. La burguesía criolla de la Nueva España aprovecharía la coyuntura para liberarse del dominio español y de las restricciones que la Corona había impuesto al comercio y a las industrias en sus colonias.

Yucatán, que había disfrutado durante toda la Colonia de ciertos privilegios concedidos por España, y en la que los grupos económicos y políticamente poderosos mantenían estrecha relación con la metrópoli, no participó directamente en estos primeros brotes de insurgencia. A pesar de ello, en la Intendencia alcanzaron cierto eco los principios liberales que ya se difundían por toda Europa.

Sanjuanistas contra Rutineros

En Mérida, en el templo de San Juan, se había organizado un grupo de carácter religioso, cuyas ideas fueron transformándose hasta pronunciarse en contra de la penosa situación en la que vivían los indígenas de la península. Proclamaban las ideas liberales de la Ilustración. A éste grupo se le denominó sanjuanistas, posteriormente conocidos como liberales. Sus enemigos y detractores, que defendían los valores tradicionales de la Colonia fueron conocidos como rutineros o serviles, y más tarde como "conservadores".

En 1812, en Cádiz, se reunieron las Cortes como los verdaderos representantes del gobierno español. En ellas quedaron infiltrados también los principios del liberalismo, de los cuales el de la libertad de comercio había redundado en beneficio de las burguesías comerciales ibéricas.

En Mérida fue publicada esta Constitución, el 27 de febrero de 1813, y se llamaron a elecciones, para la formación de la Primera Diputación yucateca y para la de los ayuntamientos de las principales poblaciones de la región. Participaron sanjuanistas y rutineros, obteniendo los primeros el triunfo en los ayuntamientos y los segundos en la Diputación provincial. Existieron protestas por parte de los liberales pero no hubo respuestas.

Curiosamente, la Diputación Yucateca solicitó ante las Cortes de Cádiz la apertura de un Consulado de Comercio en la península, lo cual fue visto con beneplácito por los campechanos. Sin embargo, en un vuelco inexplicable, los diputados de mayoría yucateca pidieron la sede del Consulado en Mérida. Entre Mérida y Campeche empezaron a publicarse mutuas críticas, con el fin de debilitar los argumentos que cada una presentaba para obtener el control del deseado consulado.

Uno de los diputados de las Cortes, Miguel González Lastiri, sacerdote campechano, propuso conciliatoriamente que los principales cargos del proyecto se repartieran entre una y otra ciudad, lo cual fue aceptado tanto por las autoridades provinciales como españolas, reconciliándose Campeche con Mérida. Sin embargo, las Cortes fallaron en contra del establecimiento del Consulado, negativa que el proyecto recibía por cuarta vez, desde que naciera.

Cuando Fernándo VII volvió al trono en 1814, anuló la Constitución de Cádiz y las leyes y reglamentos que de ella hubiesen emanado. El gobernador de Yucatán Manuel Artazo Torre de Mer, se apresuró a dar a conocer, el 25 de julio de 1814, los decretos reales que daban por concluido el periodo constitucional de las Cortes, con gran beneplácito para los rutineros. Se encarcelaron a los principales sanjuanistas y se ordenó la quema pública de sus periódicos. Una vez más se iniciaron las gestiones para abrir un Consulado de Comercio, pero también el Rey se negó a la apertura.

Ante ello, en el mismo año de 1814, sin previo reconocimiento de las autoridades españolas, la Intendencia de Yucatán constituyó su propio reglamento de comercio, por el cual abrió sus puertas al comercio extranjero, rompiendo así un monopolio hispano de cerca de 300 años. Se determinó un impuesto aduanal de 12 a 16% para los buques españoles, un 16 al 20% para los extranjeros y solo un 9% para los buques del puerto de la Habana. Esto beneficiaba a los comerciantes yucatecos pues era la Habana con quién más tenían contacto. Por el contrario perjudicaba a los campechanos pues los puertos de San Francisco de Campeche, San Bartolo Lerma y Champotón tenían más comercio con buques españoles y extranjeros.

En 1815, murió Manuel Artazo, gobernador de Yucatán, y en su lugar fue nombrado Miguel de Castro y Araos, quien había sido teniente de rey, en la plaza de Campeche. Durante su gobierno, se introdujeron a Yucatán los primeros grupos masónicos, que adquirieron un inmenso prestigio y numerosos adeptos. El 1 de enero de 1820, pidiendo la restitución de la Constitución de Cádiz, la cual fue jurada por Fernando VII, así como la instalación de las Cortes.

En Campeche, se realizó un mitin para celebrarlo; en Mérida, el gobernador Castro y Araos, se vio obligado a jurar la Constitución, misma que tendría vigencia solamente durante un tiempo reducido, debido a los acontecimientos nacionales.

El primero de enero de 1821, las Cortes designaron capitán general y jefe Político de Yucatán, a Juan María Echeverri, a quien tocó jugar el papel de último representante del gobierno español.

Mientras tanto, se había reorganizado la Sociedad de San Juan. El verdadero impulsor de este movimiento fue Lorenzo de Zavala, junto con Mariano Carrillo y Albornoz. Sin embargo, la sociedad ya no fue la misma que al principio, ahora se encontraban en ella tanto curas, hacendados, comerciantes, intelectuales y antiguos liberales. Con la influencia de los recién ingresados se llegó, incluso, a cambiar el nombre de la agrupación por el de Confederación Patriótica. En esta Confederación recayó el mando del gobierno, la cual nombró como capitán general de la Provincia, al señor Mariano Carrillo y Albornoz; pero, dentro de esta nueva agrupación, se produjeron graves problemas que la llevaron a escindirse en dos grupos, de cuyas desavenencias se aprovecharon los rutineros para hacer prevalecer sus privilegios.

La Independencia de México y el imperio de Agustín de Iturbide

En agosto de 1821, el virrey español, Juan O'Donojú, firmó con Agustín de Iturbide, los Tratados de Córdoba, por los que se reconocía la soberanía e independencia del territorio, dándole el nombre de Imperio Mexicano y con los cuales habrían de darse por concluida la Guerra de Independencia.

Esa declaración fue aceptada por unanimidad en Yucatán, ya que tanto liberales como conservadores se hallaban totalmente inconformes con el gobierno español. Los primeros, porque vieron en ella la aplicación de medidas radicales para la solución de los problemas sociales internos, y los segundos, porque habían recibido reformas que afectaban particularmente los intereses del clero.

Estos últimos fueron los que con más bríos recibieron la Declaración de la Independencia, pues el régimen que se avecinaba, monárquico y católico, les vaticinaba buenos augurios. El acta, que confirmaba la soberanía del país, en Yucatán fue firmada por el gobernador Juan María Echeverri, los miembros de la diputación provincial y de los ayuntamientos, así como por los funcionarios militares y religiosos.

Se había formado en México una Junta Provisional Gubernativa, que designó una regencia formada por Iturbide, O'Donojú y otros.

Entre las primeras medidas que adoptó la Regencia estuvo la imposición de un arancel aduanal para todo el imperio, el cual resultó ser muy oneroso y elevado para la Península de Yucatán. Ésta seguía rigiéndose por su reglamento de comercio, decretado en 1814, según el cual el puerto yucateco de Sisal pagaba sólo el 9% sobre las mercancías obtenidas del puerto de La Habana. Se pretendía que pagara, al igual que los demás, el 25%, además de que se prohibía el comercio con España y sus provincias, lo cual afectó a Mérida pues su principal aliado comercial era La Habana. A Campeche no le perjudicó en lo absoluto pues su nuevo comercio se centraba con Veracruz y el exterior.

Mérida se negó a cumplir éstas nuevas leyes, provocando con ello un mayor descontento entre los campechanos. Un hecho, al parecer insignificante, reveló este contrapunteo dirigido a debilitar la economía de la capital yucateca. En Mérida, no se izó la bandera representativa del gobierno mexicano, pretextando que aún no se le conocía, mientras que en Campeche sí se enarboló, como señal de completa adhesión al régimen establecido y como símbolo de rebelión contra la oposición de Mérida, a la que acusó de abrigar a las principales fuerzas conservadoras que se oponían al movimiento de independencia de México.

En 1822, siendo Agustín de Iturbide emperador de México, el Ayuntamiento de Mérida presentó a México una petición para que se decretasen algunas reformas en favor del comercio local, entre ellas una reducción de las tasas impositivas. Poco después, ante la resistencia del Ayuntamiento de Mérida a adoptar todas las medidas decretadas por el nuevo gobierno, Campeche decidió designar a su propio gobernador, cuyo cargo recayó en manos de Juan José de León; por su parte, Mérida designó como tal al Sr. Pedro Bolio y Torrencillas.

Estos acontecimientos propiciaron que durante cierto tiempo ambas localidades se gobernaran con independencia. Para acabar estas diferencias, en marzo de 1822, el gobierno mexicano envió a Melchor Álvarez a la península, para que se hiciera cargo del gobierno y restableciera la paz entre las dos ciudades.