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POSIBLES
RETRASOS EN EL CONGRESO
Tarifas: ¿freno hasta diciembre?
Las
compañías privatizadas creen que no habrá aumentos de tarifas hasta fin
de año. Tras el cronograma de audiencias públicas que fijó el Gobierno,
las empresas de servicios públicos temen que se dilate la definición de
los ajustes hasta diciembre.
Si bien ven como positivo que los funcionarios hayan puesto fechas ciertas
para debatir con los usuarios, los operadores privados consideran que
la aprobación de los incrementos podría trabarse en el Congreso. Si se
cumple el compromiso que asumió el Gobierno, a mediados de octubre deberían
girarse todos los aumentos en juego a la Comisión Bicameral de Reforma
del Estado.
Como no existe un plazo concreto para que se expidan los legisladores,
las privatizadas calculan que —como mínimo— el Parlamento
se tomará dos meses para emitir una opinión, con lo cual el Ejecutivo
recién estaría en condiciones de definir los aumentos a fines de diciembre.
Esto se daría en el mejor de los casos, porque si llega a aparecer en
el escenario alguna medida judicial que frene la negociación, entonces
los plazos se estirarán a los primeros meses del 2003.
Tras recibir los pedidos de aumentos de las privatizadas, que oscilaron
entre el 24 y el 173%, el Ministerio de Economía estableció en la última
semana el menú de las audiencias públicas que se convocarán para analizar
las propuestas. La agenda arrancará el 25 de setiembre con las tarifas
eléctricas y seguirá el 26, con las tarifas de gas. Para el 4 de octubre
está prevista la consulta por el ajuste en las tarifas de Aguas Argentinas
y el 7 de octubre les tocará el turno a las telefónicas.
"Creemos que es un paso adelante la realización de la audiencia, pero
eso no alcanza para resolver los graves problemas que estamos enfrentando
desde principios de año por la caída de los ingresos", señaló el gerente
de Relaciones Institucionales de Edenor, Carlos Serrano.
En tanto, para las empresas gasíferas la situación sigue siendo preocupante.
Consideran que los aumentos en danza —que no superarían el 10% promedio
según el Gobierno— "no aportarán una solución de fondo", pese a
que las empresas deberán afrontar una "exposición pública muy desgastante
ante sus clientes".
Por otro lado, casi todas las privatizadas consultadas coincidieron en
destacar que no sería extraño que comiencen a manifestarse marcados problemas
con las prestaciones de los servicios, junto con nuevas declaraciones
de default.
Pese a que ya anunció las audiencias, hasta ahora Economía no les dio
las instrucciones a los entes reguladores acerca de cómo deberán desarrollarse
los encuentros. Esta demora ya ha comenzado a causar preocupación, debido
a que existen dos aspectos clave que falta definir:
· ¿Cuántas audiencias se harán por cada servicio? Salvo Aguas Argentinas,
en todos los otros servicios existen varios operadores. ¿Habrá una audiencia
general para todos o se efectuarán audiencias específicas para cada empresa?
· ¿Qué posiciones adoptarán los defensores de los usuarios que obligatoriamente
deben designar en cada audiencia pública los entes reguladores de luz
y gas?
Clarin,
29 de agosto de 2002
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