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BUENOS AIRES - El gobierno argentino, acorralado por centenares de saqueadores y miles de manifestantes clamando por alimentos, declaró el miércoles el estado de sitio en todo el país.

"Ya está declarado el estado de sitio", dijo una fuente del Palacio de Gobierno que pidió no ser identificada. Otras dos fuentes oficiales confirmaron la información.

Previo al anuncio de esta medida excepcional para restringir las libertades individuales, a la que puede recurrir el Poder Ejecutivo para preservar el orden público en casos de grave peligro, la oposición logró derogar en la Cámara de Diputados los poderes especiales otorgados al gobierno para reencausar la economía.

"Nos pusimos de acuerdo para una autoconvocatoria [...] para la derogación de superpoderes a [el ministro de Economía Domingo] Cavallo y la derogación del decreto, por inconstitucional, que confiscó salarios y jubilaciones", dijo un portavoz del bloque de diputados peronistas.

El peronismo es la primera fuerza en Diputados y controla la mayoría del Senado, cuyo apoyo es necesario para que la derogación entre en vigencia. La fuente precisó que el acuerdo de la oposición abarcaba también a los senadores.

En su intento por reactivar una economía que no crece desde 1998, Cavallo obtuvo meses atrás del Congreso poderes legislativos especiales con los que pudo impulsar aumentos de impuestos y recortes en salarios públicos y pensiones, que fueron la base de su programa económico de austeridad.

Hace dos semanas, el funcionario dispuso además un congelamiento parcial en el retiro de depósitos bancarios para frenar una fuga de dinero que puso en riesgo al sistema financiero.

El estado de sitio y la decisión de la oposición se anunciaron después de que los saqueos de comercios se extendieron por varias localidades del interior y llegaron a Buenos Aires.

Los blancos de los saquedores fueron fundamentalmente tiendas pequeñas y medianas, mientras que algunos de los grandes centros de compras decidieron entregar voluntariamente bolsas con comida para evitar ser atacados.

En la localidad de Ciudadela, a unos 15 kilómetros al oeste de Buenos Aires, un grupo integrado por niños y amas de casa saquearon comercios de la zona, mientras unas 400 personas desesperadas se agolparon en las puertas de un supermercado esperando que cumpla la promesa de entregar víveres.

"Estaban saqueando y me metí. Es la primera vez que lo hago [...] Lo hago para comer", dijo Adriana, de 56 años, cuando salía de un pequeño mercado devastado de Ciudadela.

La escena se repitió en un puñado de ciudades del cordón urbano que rodea a la capital argentina, mientras las fuerzas de seguridad se mantenían mayormente expectantes, sin reprimir a los manifestantes, aunque en algunos contados casos arrojaron gases lacrimógenos.

Desbordado, el gobierno acusó a activistas políticos por los incidentes y De la Rúa ordenó al Ministerio de Desarrollo Social la compra urgente de alimentos para repartir entre la población.

Pero la promesa de víveres no ayudó al mandatario a mejorar su poco popular imagen entre los argentinos, decenas de los cuales lo esperaron pacientemente a la salida de una reunión para insultarlo y arrojarle huevos y hasta una baldosa.

"Le lanzaron una baldosa grande, que impactó en el techo del auto [que lo trasladaba], además le lanzaron huevos", relató un reportero de Reuters que estaba en el lugar.

Acostumbrada a tener una clase media próspera, Argentina fue testigo en los últimos tiempo de cómo miles de personas pasaron a engrosar el ejército de pobres, que ya alcanza a un tercio de los 36 millones de habitantes.

La falta de crecimiento económico en los últimos cuatro años disparó además el número de desempleados, que actualmente llega al récord histórico de 2,53 millones.

En la Bolsa de Buenos Aires, los hechos de violencia dispararon una toma de ganancia que hicieron caer levemente a su principal índice, el Merval, mientras los inversionistas seguían preocupados por el futuro de la languideciente economía luego de que el Fondo Monetario Internacional dijera que no es sustentable el programa económico del gobierno.

Los planes del gobierno de De la Rúa para 2002 no hacen prever una distensión de la conflictividad social, con un proyecto de presupuesto para ese año que prevé fuertes recortes en el gasto público (20%), los que inevitablemente repercurtirán en la ayuda social a los más pobres.

El gobierno, que es rechazado por cerca del 80% de la población, necesita con urgencia la sanción de la norma para recomponer sus relaciones con el FMI, que suspendió la ayuda financiera al país debido a su indisciplina fiscal.

"El presidente [De la Rúa] dispuso la compra de 7 millones de pesos en mercadería que va a ser distribuida a través del Ministerio de Desarrollo Social en el día de hoy" (miércoles), dijo a una radio el ministro de Trabajo, José Dumón, al tiempo que afirmó que "es necesario recobrar la calma".

Los incidentes comenzaron en la madrugada y su epicentro fue la provincia de Entre Ríos -al norte de Buenos Aires-, además de los suburbios de Buenos Aires, donde la policía inicialmente reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma a decenas de personas que habían entrado a pequeños negocios para obtener alimentos.

En Entre Ríos, imágenes de televisión mostraron a casi un millar de manifestantes, entre ellos mujeres y niños, saqueando varios supermercados en la ciudad de Concepción del Uruguay ante la mirada impávida de la policía, que los dispersó cuando los anaqueles de los comercios estuvieron vacíos.

Desde el viernes, pequeños grupos de personas venían apostándose frente a las puertas de los supermercados para exigir alimentos, especialmente en Entre Ríos, las provincias de Santa Fe y Mendoza y los suburbios de Buenos Aires, mientras que otros irrumpieron directamente en las tiendas para hacerse de víveres.

Los saqueos obligaron a las provincias afectadas a aumentar la entrega de alimentos a los sectores empobrecidos de la población.

"Se está dando una anarquía [...] Hay desamparo en los pobres e inquietud e intranquilidad en los ricos", afirmó el gobernador de la central provincia de Córdoba, José Manuel De la Sota, un alto dirigente del opositor peronismo.

Una ola de saqueos precipitó en 1989 el fin del gobierno democrático del presidente Raúl Alfonsín, dirigente del Partido Radical, al que pertenece De la Rúa.

Alfonsín tuvo que entregar el poder antes de tiempo a su sucesor electo, el peronista Carlos Menem, debido a una crisis hiperinflacionaria que llevó a miles de desempleados y sectores empobrecidos de la población a buscar alimentos en los supermercados.