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Ley de Lemas:
¿solución o problema?
Por Carlos R. Capdevila
LA PLATA, 21 DIC (AIBA). El reciente quiebre de un gobierno constitucional
--más allá de la desgraciada circunstancia per se-- acaba
de instalar en la opinión pública un asunto que, si bien
era conocido por muchos, se ha convertido de la noche a la mañana
en una cuestión de Estado y sobre el que mágicamente todos
han comenzado a hablar y, especialmente, a opinar: la Ley de Lemas.
El sistema está contemplado en una norma presentada en la Cámara
de Diputados de la Nación para casos de acefalía (como el
que acaba de ocurrir), modifica la actual normativa y apunta directamente
a evitar la disputa previa interna en cada agrupación política.
Cada uno, dentro de la plataforma partidaria, podrá presentarse
en las elecciones generales y será consagrado ganador aquel que
sume mayor cantidad de votos, entre los aspirantes del partido que haya
tenido la mayoría de los sufragios.
De esta forma, puede pensarse en que habrá dos contiendas simultáneas:
la intestina, para consagrar al dirigente más votado; y la abierta,
para que cada sector político se presente en los términos
habituales o convencionales.
La teoría indica que esta metodología es acertada y así
fue adoptada sólo en un país en todo el mundo, la República
Oriental del Uruguay (luego abolida) y en alrededor de once provincias
argentinas, de las cuales sólo cinco la conservan. No obstante,
un ejemplo de las extrañas consecuencias derivadas de la Ley de
Lemas se registró en Santa Fe, cuando Carlos Reutemann fue elegido
gobernador porque la suma de sublemas justicialistas superó a la
de la UCR, a pesar de que Horacio Uzandizaga había sido quien mayor
cantidad de votos había cosechado en forma individual.
Un político rosarino reflexionaba, tras la última contienda
electoral, que "es necesario terminar con la ley de Lemas para cerrar
este espectáculo de 52 sublemas y más de 1000 candidatos
en Rosario. Es necesario realizar internas abiertas el mismo día
en todos los partidos políticos y abrir la posibilidad que reuniendo
condiciones se presenten listas de candidatos independientes y sin pertenencia
a los partidos políticos.
Agregaba, como sugerencia, que "es necesario terminar con la lista
sábana y avanzar hacia el modelo Alemán, que junta en partes
iguales candidatos por circunscripción y candidatos por proporcionalidad.
En esencia en esta elección lo que se quebró es la representatividad
y si faltaba algo para deteriorar más el alicaído concepto
de la política vuelven a aparecer los estafadores de ilusiones,
al amparo de un ley de lemas permisiva los aventureros aparecen fabricando
candidaturas que la podrán sostener jurídicamente, pero
que éticamente ya están condenadas".
Volviendo al proyecto de ley aparecido poco tiempo atrás en el
Congreso, cuyo autor es un dirigente cordobés muy allegado a José
Manuel De la Sota, propone, en caso de renuncia del presidente, que se
lo reemplace en 90 días mediante una elección general y
directa (se evita la Asamblea Legislativa) en la que rija la ley de lemas.
La ventaja es que, al establecer la Ley de Lemas, agiliza el proceso sucesorio
ya que los partidos pueden prescindir de la interna por la candidatura
presidencial. El riesgo es que permite que se consagre a un gobernante
con un número mínimo de votos, enemistado con los demás
candidatos de su partido y, por supuesto, con los de la oposición.
Si así ocurriera, sería muy inconveniente en una crisis
como la que atravesamos porque ese nuevo presidente, debilitado, debería
hacerse cargo del gobierno que dejó el anterior por renuncia, en
medio de un estado de conmoción interior, al borde del default,
frente a un mercado de consumidores que reclama un gobernante confiable
para estimular la reactivación económica y con una agenda
de decisiones fiscales por tomar que requieren gran firmeza.
En consecuencia, queda muy claro que la modificación que introduce
esta iniciativa evita un trámite seguramente sangriento en medio
de una crisis financiera de proporciones, como es la selección
interna de los candidatos en los partidos, que lleva, de por sí,
por lo menos tres meses; pero deja picando --al menos-- un probable problema
que es el no garantizar la elección de un dirigente político
que exhiba un respaldo contundente en todos los órdenes. (AIBA)
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