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ARGENTINA

Perfil de Adolfo Rodríguez Saa

"Ya conocéis vuestro rango, acomodaos" Shakespeare, Macbeth

Adolfo Rodríguez Saá, el gobernador que tiene el histórico record de haber ejercido el poder en una provincia argentina, San Luis, durante 18 años consecutivo hoy fue desigando por el peronismo como su candidato para ser el nuevo Presidente de la Nación durante sesenta días. En su extensa actividad política, salpicada por un escandaloso y confuso incidente por una relación extramatrimonial y un presunto secuestro extorsivo en octubre de 1993, Rodríguez Saa cuenta diversos cargos partidarios, legislativos y ejecutivos. También fue uno de los convencionales constituyentes que en 1994 reformó la Constitución Nacional durante la presidencia de Carlos Menem. Rodríguez Saá nació el 25 de julio de 1947 en la capital puntana se recibió de maestro superior y luego de abogado para desempeñar una extensa carrera dentro del peronismo provincial, partido del que desde hace varios años es presidente. El puntano está casado con María Alicia Mazzarino y es padre de cinco hijos, tres mujeres y dos varones. Su actividad política comenzó hace treinta años cuando se convirtió en el apoderado del Partido Justicialista de San Luis, entre 1973 y 1976 fue diputado provincial y presidente del bloque Justicialista. En 1983 llegó a la gobernación de San Luis y se mantiene desde entonces en el poder con amplios márgenes de votos en las sucesivas elecciones que desde hace 18 años lo consagraron como el único candidato peronista. Entre 1976 y 1994 también ostentó cargos de consejero en el Partido Justicialista Nacional y desde 1985 hasta 1995 fue presidente del peronismo puntano. Luego fue hasta el año 2000 vicepresidente tercero del Partido Justicialista Nacional y desde 1999 se ocupa el cargo de secretario de Relaciones Institucionales del peronismo nacional.

La cara oculta: El costado menos conocido del flamante Presidente


Una investigación periodística determinó que el Presidente se valió del Régimen de Promoción Industrial para perjudicar al Tesoro de la Nación. Y habría firmado transferencias de medio millón de pesos para entidades que presiden él y su familia


Desde hace varios años, muchas historias se tejieron alrede-dor del ahora presidente Adolfo
Rodríguez Saá. Algunas, con el correr del tiempo, fueron sepultadas por la larga permanencia de “El León” al frente de la provincia de San Luis. Sin embargo, los escándalos por corrupción y de “amores” siempre acompañaron la labor política del abogado que alguna vez se propuso ser Presidente de la Nación.
La provincia puntana pareció florecer bajo el poder de “El
Adolfo” -tal como es conocido en su provincia- y el Régimen de Promoción Industrial que alentó la radicación de empresas
a cambio de exenciones impositivas.
Pero una investigación demostró que funcionarios provinciales se valen de ese sistema para recaudar al margen de la ley. Hoy se multiplican los galpones vacíos y las empresas fantasma que gozan de beneficios económicos sin producir.
La Promoción Industrial produjo una explosión en los ’80. En esa época se radicaron 2 mil empresas, de las que hoy sólo subsisten 70. Son las únicas que, por ley, deberían conservar los beneficios del sistema. Pero, violando las normas, el Gobierno sigue recaudando: promete los mismos privilegios a quienes quieran instalarse en suelo puntano,
y a cambio se queda con una “contribución”.
Un trabajo de Telenoche Investiga probó que funcionarios provinciales, bajo la tutela de Rodríguez Saá, implementan maniobras que provocan pérdidas graves para el Tesoro de la Nación.
El primer encuentro que tuvieron los encargados de realizar la investigación fue con Gustavo Cerioni, quien es uno de los ejecutores de la política de seducción desplegada por Rodríguez Saá para atraer empresarios y un especialista en quebrantar la ley.
Cerioni le ofreció a T.I. transferir los beneficios de una empresa que gozaba de Promoción Industrial. Para eso, era imprescindible que el decreto que se firmara para permitirles esos beneficios sin el pago de impuestos llevara la fecha en la que Cerioni había sido funcionario. Violar la ley era la única
forma. Y debían firmar tanto él como el
Gobernador.
El “decreto a medida” tenía un costo. Sobre el cálculo de las exenciones impositivas que gozaría la empresa en 15 años se sacaba un porcentaje que iría a parar a la caja del Gobierno provincial. Silvio Closa ocupa un puesto estratégico en el Ministerio de Industria y es el apoderado de la empresa que quería vender Cerioni. Fue el segundo contacto de T.I. y quien dio las garantías de su gestión para concretar la operación.
En tanto, Rafael Echenique es escribano de Gobierno. Su oficina está instalada en el
mismo edificio que Cerioni, a pasos de la Gobernación.
Siendo el hombre que Rodríguez Saá eligió para dar fe a los actos institucionales, ante el interés de T.I. desplegó un amplio abanico de ofertas. Las instalaciones fabriles que mostró valían entre 25 y 60 millones. Esas cifras equivalían al monto que el supuesto empresario ahorraría en la exención impositiva.
Existe otro negocio, y consiste en permitirle a un empresario cambiar el rubro de su firma, un beneficio que sólo pudo solicitarse en el ‘96. De esta manera, una empresa puede conseguir instalar otra, aunque sea para otro producto, bajo el mismo Régimen de Promoción Industrial, duplicando, en este caso, sus beneficios.
Las prácticas fraudulentas que engendró este sistema siguen, así, desarrollándose en
terreno oficial: la Casa de Gobierno de San Luis. Y las propuestas deben llevar la firma del Gobernador.
Pero este no es el único caso en que el actual Presidente se vio envuelto en un escándalo. Rodríguez Saá estuvo implicado en un secuestro de video con tintes pornográficos. Firmó transferencias de medio millón
de pesos para entidades que él y su familia presiden.
Lo que le sucedió al Gobernador de San Luis ese jueves por la noche aún sigue siendo un misterio.
A fines de octubre de 1993, “El Adolfo” denunció haber sido secuestrado mientras estaba con su funcionaria y amante Esther “La Turca” Sesín, el 21 de ese mes, en un hotel alojamiento puntano llamado “Y... no C”. En aquella oportunidad, Rodríguez Saá dijo haber sido obligado por sus secuestradores a participar de un video degradante, mientras era vejado por los delincuentes. También se habló de drogas, esposas y otros elementos.
Hace menos de un mes, el 11 de octubre, el ex gobernador autorizó la transferencia de algo más de medio millón de pesos a tres fundaciones que presiden él mismo, su hermano y su esposa.
La información salió publicada en el Boletín Oficial de la provincia, en los decretos mediante los cuales el Ejecutivo puntano cedió 503 mil pesos a estas tres organizaciones no gubernamentales. Así, se entregaron 217 mil pesos a la Fundación de Investigación
Social Argentino-latinoamericana (FISAL), que preside el propio Rodríguez Saá.
El Estado puntano también benefició al hermano del mandatario, Alberto Rodríguez Saá, quien recibió 94 mil pesos para su Instituto de Ciencia y Cultura El Diario.
De acuerdo con el decreto, firmado meses atrás estableciendo esa transferencia de dinero, el monto fue destinado a la gira y puesta en escena de la “Cantata trágica de la muerte de Pringles”.
Finalmente, el Gobierno puntano estableció un convenio con la Fundación de Acción Social (FAS), que preside María Alicia
Mazzarino de Rodríguez Saá, esposa del
Presidente. De esa manera, se concedieron a la fundación 192 mil pesos, destinados a un Programa de Desarrollo Juvenil.

El imperio Rodríguez Saá

Cuando la familia accedió al poder en 1983, tenía un patrimonio típico de clase media; 17 años de gobierno después, sus bienes alcanzan valores millonarios.
Rodríguez Saá tendría casas, autos último modelo, una residencia soñada en un cerro de Las Chacras, cerca de la capital, reales o imaginadas empresas y propiedades en el exterior, y presuntos capitales obtenidos de supuestas coimas a las empresas que se radicaron en la provincia.
El Presidente vivía en dos propiedades suntuosas. En el centro, su casa tiene 1.240 metros cuadrados y cuesta un millón de pesos. En las afueras de San Luis tiene una chacra de 34 hectáreas con parque, pileta, dique propio y helipuerto. La fortaleza vale 2 millones de pesos. Sin embargo, la Provincia la valuó en 5 mil pesos y paga 10 pesos de impuesto inmobiliario cada dos meses. Su esposa compró una mansión de cuatro plantas, de 800 metros cuadrados, tasada en 1.200.000 pesos, cuando en 1983, antes de asumir como Gobernador, declaró bajo juramento que tenía una casa hipotecada y dos autos usados, un VW y un Renault 12.

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"De los males que sufrimos/hablan mucho los puebleros,/pero hacen como los teros/para esconder sus niditos:/en un lao pegan los gritos/y en otro tienen los guevos" I, 2131. Martin Fierro Jose Hernandez

la investigacion de TELENOCHE INVESTIGA

"Rodríguez S.A"

San Luis pareció florecer bajo el poder del gobernador Adolfo Rodríguez Saá y el Régimen de Promoción Industrial que alentó la radicación de empresas a cambio de exenciones impositivas. Pero funcionarios provinciales se siguen valiendo de ese sistema para recaudar al margen de la ley. Hoy se multiplican los galpones vacíos y las empresas fantasmas que gozan de beneficios económicos sin producir. No dio la cara. No dio explicaciones. No respondió preguntas. Pero todos sus funcionarios lo mencionaron como el único que toma las decisiones en la provincia. "El Adolfo", como lo llama la gente, "El león" para sus allegados, firma los decretos con fecha adulterada que permiten que se sigan instalando empresas en la provincia. A cambio pide dinero. Y así mantiene su poder.

La Promoción Industrial fue pensada para generar trabajo y reactivar la economía de las provincias. En San Luis produjo una explosión en los 80. En esa época se radicaron 2 mil empresas, de las que hoy sólo subsisten 70. Son las únicas que, por ley, deberían conservar los beneficios del sistema. Pero, violando las normas, el gobierno provincial sigue recaudando: promete los mismos privilegios a quienes quieran instalarse en suelo puntano y a cambio se queda con una "contribución". Una sola firma basta para garantizar la operatoria y es la del máximo responsable de la provincia: el gobernador Adolfo Rodríguez Saá.

En el 83, cuando fue promulagada la Ley de Promoción Industrial, San Luis pareció un paraíso. A las empresas, el Estado no les cobró ni el IVA ni el Impuesto a las Ganacias, entre otros beneficios. Sin embargo, apenas permanecen 70 empresas o galpones semivacíos que ofician como depósito.

La ley tuvo vigencia por 15 años, hasta que un decreto del ex ministro de Economía Domingo Cavallo en el 96 prorrogó los beneficios por otros 15 años, sólo para aquellas empresas que, habiéndose instalado bajo el Régimen de Promoción Industrial, continuaran produciendo. Sin embargo, Telenoche Investiga probó que no es así: funcionarios del Gobierno, bajo la tutela de Rodríguez Saá, implementan maniobras que vulneran esa norma. Se trata de negocios millonarios que provocan pérdidas graves para el Tesoro de la Nación.

La investigación

T.I. llegó a San Luis simulando ser una consultora con dos clientes interesados en instalarse en la provincia. El primer encuentro fue con Gustavo Cerioni, funcionario de la Secretaría de Pequeña y Mediana Industria de la Presidencia. Entre el 91 y el 97 se había desempeñado como Subsecretario de Industria, y desde el 97 hasta el 98 como Subsecretario de Acción Social. Es uno de los ejecutores de la política de seducción desplegada por Rodríguez Saá para atraer empresarios y uno de los especialistas en quebrantar la ley.

Cerioni le ofreció a T.I. transferir los beneficios de una empresa que gozaba de Promoción Industrial. Es decir, el equipo iba a convertirse en propietario de una firma que se había instalado en San Luis bajo el sistema. Para eso, era imprescindible que el decreto que se firmara para permitirles gozar de los beneficios sin el pago de impuestos llevara la fecha en la que Cerioni había sido funcionario. Violar la ley era la única forma. Y debían firmar tanto él como el Gobernador.

El "decreto a medida" tenía un costo. Sobre el cálculo de las exenciones impositivas que gozaría la empresa en 15 años se sacaba un porcentaje que iría a parar a la caja del gobierno provincial. Los operadores de Rodríguez Saá habían aprendido de memoria la operatoria: armar el mejor negocio para el cliente y cobrarle en función de ese negocio.

En total, la gestión de Cerioni valía más de dos millones de pesos. La idea era vender una empresa beneficiada con la Promoción Industrial para no pagar impuestos. La mano de obra era lo de menos: en San Luis, el trabajo de un operario vale un peso la hora. Es, en realidad, en las "contribuciones" para la provincia donde están los egresos más importantes: la habilitación cada siete meses tiene un costo; organizar un evento o una exposición valen también.

Silvio Closa ocupa un puesto estratégico en el Ministerio de Industria y es el apoderado de la empresa que quería vender Cerioni. Fue el segundo contacto de T.I. y quien dio las garantías de su gestión para concretar la operación.

En tanto, Rafael Echenique es escribano de Gobierno. Su oficina está instalada en el mismo edificio que Cerioni, a pasos de la Gobernación. Siendo el hombre que Rodríguez Saá elegió para dar fe a los actos institucionales, ante el interés de T.I. desplegó un amplio abanico de ofertas. Las instalaciones fabriles que mostró valían entre 25 y 60 millones. Esas cifras extraordinarias equivalían al monto que el supuesto empresario ahorraría en la exención impositiva.

Existe otro negocio y consiste en permitirle a un empresario cambiar el rubro de su firma, un beneficio que sólo pudo solicitarse en el 96. De esta manera, una empresa puede conseguir instalar otra, aunque sea para otro producto, bajo el mismo Régimen de Promoción Industrial, duplicando, en este caso, sus beneficios.

Las prácticas fraudulentas que engendró este sistema se siguen, así, desarrollando en terreno oficial: la Casa de Gobierno de San Luis. Y todas las propuestas deben llevar la firma del Gobernador, que termina avalando una estrategia para vulnerar la ley. El dominio de "El Adolfo" o "El León" en la provincia es absoluto, y el imperio que construyó en 17 años de gestión, un caso sin precedentes en la historia argentina, parece inamovible.

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Rodriguez Saa, retrato de un hombre feliz

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